Inicia reforma administrativa del Estado con eliminación de instituciones inactivas

Ley 9668, aprobada en febrero, suprime seis instituciones que no tenían personal, presupuesto ni cumplían función sustantiva para el desarrollo del país.

 

• Adicionalmente, reformó la ley 7582 de Creación de Centros Cívicos, de manera que eliminó la Junta que administraba esos centros, los cuales ahora pasan a depender del Ministerio de Justicia y Paz.

 

• “Es un primer momento y abre el camino para reformas más sustantivas con las 323 instituciones restantes”, aseguró la ministra de Planificación Nacional Pilar Garrido Gonzalo.

 

• Actualmente se analizan los 76 órganos desconcentrados adscritos al Gobierno Central con miras a presentar un proyecto que podría impulsar la transformación o fusión de instituciones.

 

Con la aprobación por parte de los diputados de la Ley 9668, el 14 de febrero pasado, se eliminan seis instituciones estatales inactivas que no tenían personal, presupuesto ni cumplían ninguna función sustantiva para el país y se da inicio a la reforma administrativa del Estado.

 

Así lo aseguró la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, María del Pilar Garrido Gonzalo, tras precisar que este proceso busca la eficiencia del Estado y que todas las instituciones cumplan un papel esencial acorde con los tiempos que justifique su existencia.

 

La nueva ley derogó las leyes de creación de la Junta de Fomento Avícola, la Junta de Fomento Porcino, la Junta de Fomento Salinero, la Junta Nacional de la Cabuya y la Casa Hogar de la Tía Tere. Además, los artículos de la Ley 7623 que daban vida a la Comisión Nacional para la Defensa del Idioma. Se incluyó un transitorio que establece que el patrimonio de la Casa Hogar de la Tía Tere pasará a ser parte del Patronato Nacional de la Infancia.

 

“Estas instituciones existían como un artificio jurídico. El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) analizó su estatus, el índice de gestión institucional y sus compromisos asociados con los planes nacionales de desarrollo. Al hallar que no cumplían ninguna función sustantiva, concluimos que lo correspondiente era eliminarlas jurídicamente, ya que sustantivamente habían dejado de existir”, explicó Garrido.

 

Además, se reformó la ley 7582 de Creación de Centros Cívicos, de manera que eliminó la Junta que administraba esos centros, los cuales ahora pasan directamente a depender del Ministerio de Justicia y Paz.

“A los centros cívicos queríamos darles una mejor estructura y facultar al Ministerio de Justicia y Paz para que administre los bienes, fondos y patrimonio. Existía una Junta de los Centros Cívicos que tenía esa responsabilidad, se reformó y se colocó la responsabilidad en el ministerio rector”, explicó la ministra.

“El resultado final del proyecto de ley es un espaldarazo al análisis técnico que realizó MIDEPLAN para hacer la propuesta. Esta ley es un primer momento y abre el camino para reformas más sustantivas con las 323 instituciones restantes”, agregó Garrido Gonzalo.

 

Según la ministra de Planificación, se está haciendo una revisión de instituciones a raíz de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señaló que tenemos un sector público muy fragmentado y como parte del rol de MIDEPLAN como rector de Modernización del Estado,

“Comenzamos a analizar cuáles instituciones públicas tienen que ser reformadas en su diseño institucional (transformaciones o fusiones por vía legal) y cuáles tienen que ser reformadas en su gestión pública (mejorar sus procesos, mecanismos de dirección, coordinación y rendición de cuentas o instrumentos de planificación estratégica, seguimiento y evaluación) para prestar mejores servicios”, detalló Garrido.

El objetivo final es que las instituciones cumplan con calidad y oportunidad con las necesidades y las expectativas ciudadanas. “Por ahora, lo más importante es analizar la situación y construir la evidencia científica que respalde la transformación de nuestro diseño institucional, para someterlo al legislativo”, detalló la ministra.

“Vamos a presentar varios proyectos de ley sobre reforma administrativa, el primero de ellos a finales de marzo. Adicionalmente, estamos revisando los cerca de 76 órganos desconcentrados adscritos al Gobierno Central y analizamos cuáles deben conservar su desconcentración máxima y cuáles podrían perder su personalidad jurídica instrumental, para pasar a tener mínima o ser parte de los ministerios rectores”, concluyó la jerarca.

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