Reino Unido y Costa Rica lideran iniciativa centroamericana para mejorar la atención y protección a los denunciantes de actos de corrupción

  • En el marco de su proceso de acceso a la OCDE, Costa Rica es sede de seminario internacional sobre mejores prácticas internacionales de sistemas de denuncia y protección a denunciantes.
  • Unos 45 funcionarios públicos de alto nivel de las autoridades competentes gubernamentales de Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Panamá serán capacitados.
  • San José, 04 de diciembre de 2017 – A partir de mañana, aproximadamente 45 funcionarios públicos de alto nivel de las autoridades competentes gubernamentales y representantes de organizaciones de la sociedad civil de los seis países de la región, participarán en el seminario ‘Mejoramiento de los Sistemas de Denuncia de Corrupción y Establecimiento de Legislación para la Protección de Denunciantes en Centroamerica’.

    El seminario tiene como objetivo facilitar el desarrollo de una estrategia eficaz y una mayor capacidad para que cada jurisdicción pueda brindar una protección efectiva a quienes denuncien la corrupción de buena fe y por motivos razonables, con el fin de mejorar la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de comportamientos irregulares. El seminario, organizado por la entidad consultora británica International Governance and Risk Institute (GovRisk), surge como iniciativa conjunta de la Embajada Británica en San José, el Ministerio de Comercio Exterior y la Presidencia de la República de Costa Rica.

    Alexander Mora, Ministro de Comercio Exterior y Coordinador Nacional del Proceso de Adhesión de Costa Rica a OCDE, resaltó la relevancia de este encuentro. “Pienso que el proceso de adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se está convirtiendo es una especie de bien común regional. Nos permite canalizar un amplio conjunto de externalidades muy positivas para mejorar, en multiplicidad de áreas, los estándares y las prácticas en Centroamérica, como lo evidencia este seminario. Aunque Costa Rica es el único país en proceso de adhesión a OCDE de la región centroamericana y también el único que ha suscrito y puesto en ejecución la Convención Internacional para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE, sabemos bien que el camino al desarrollo de nuestra región, requiere un sólido frente común, para luchar sistémicamente, contra la corrupción en sus diversas formas, como condición necesaria para salvaguardar el interés público nacional y regional” dijo el Ministro. “Gracias al apoyo del Gobierno del Reino Unido, liderado por el Embajador Ross Denny y su equipo desde San José, así como del International Government and Risk Institute -GovRisk-, puede realizarse este seminario regional de alto nivel, que reafirma el espíritu en que se sustentan nuestras relaciones con el Reino Unido y la esencia de nuestra adhesión a la OCDE. Nuestro gobierno confía que este evento sea el inicio de un proceso de mejoramiento regional y de una red de apoyo que permita a cada país de la región, fortalecer su lucha contra el cohecho y demás delitos y formas de corrupción, y un vehículo para seguir canalizando las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE”, finalizó el Ministro Mora.  

    La Viceministra Zuñiga, quien dará las palabras de inicio, afirmó “la experiencia nos ha confirmado que la creación de capacidades en las personas funcionarias es una de las principales herramientas en la construcción de un gobierno abierto y transparente, son ellas y ellos quienes sostienen estos esfuerzos en sus labores cotidianas”.

    La experiencia mundial muestra que la corrupción, el fraude y el delito son mucho más propensos a ocurrir en ambientes cerrados y reservados. En numerosas ocasiones, los funcionarios públicos están enterados de la existencia de ilícitos, pero no se sienten capaces de decir nada por miedo a represalias o por falta de confianza en que el asunto vaya a ser tomado en serio. Las implicaciones negativas de esto son trascendentales para las instituciones gubernamentales y la sociedad en conjunto.

    Según señala Mark Willcock, gerente de proyectos de GovRisk, “un sistema efectivo de denuncia de crímenes, el cual incluye protección adecuada para aquellos que informen el hecho, es la línea de defensa más fuerte para salvaguardar el interés público. Proteger a los informantes promueve una cultura de responsabilidad e integridad tanto en instituciones públicas como privadas, y estimula el reporte de mala conducta, fraude y corrupción”.

    La conferencia contará con expositores y funcionarios con amplia experiencia adquirida a nivel internacional, entre ellos: Camilo Alberto Enciso Vanegas – experto de GovRisk y Ex Secretario de Transparencia de Colombia; Anna Myers – experta de GovRisk y Directora de la Red Internacional de Denuncia (WIN) y ex Directora Adjunta de Preocupación Pública en el Trabajo (PcaW) en el Reino Unido; Pablo Marquez – experto de GovRisk y Socio, Márquez, Barrera & Cantañeda Consultores S.A.S; y Tom Devine, Director Jurídico, “Government Accountability Project” (Proyecto de Responsabilidad Gubernamental) (USA).

    Esta iniciativa es financiada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido (UK Foreign and Commonwealth Office). Según Ross Denny, Embajador británico en Costa Rica, “la protección de informantes contribuye a crear un ambiente de tolerancia y confianza y mejora la capacidad de los países para responder a delitos. A la Embajada británica en Costa Rica le complace haber podido apoyar esta iniciativa y a través de ella, los esfuerzos de los funcionarios locales que están comprometidos a combatir la corrupción y alentar las mejores prácticas en los procesos de contrataciones públicas en el país”.

    La Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico fue suscrita en 1997 y entró en vigor en 1999. Hasta el día de hoy, todos los países miembros de la OCDE y 6 países no miembros – Argentina, Brasil, Bulgaria, Colombia, Rusia y Sudáfrica – han adoptado dicho instrumento. En Costa Rica, la Convención Anticohecho fue aprobada mediante la Ley 9450 del 11 de mayo de 2017.

    El Grupo de Trabajo sobre Cohecho, establecido en 1994, es el responsable de la supervisión de la implementación y el cumplimiento de la Convención Anticohecho y los instrumentos conexos. Asimismo, está integrado por representantes de los Estados Partes en la Convención, se reúne cuatro veces al año y publica todos sus informes de seguimiento país en línea.

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