Siempre les he hablado con la verdad. Lo digo hoy y lo seguiré repitiendo mirándoles a los ojos. El Gobierno decidió promover una política pública para romper el duopolio que ha dominado el mercado del cemento, que genera elevados sobreprecios para las y los costarricenses. Esta acción se hizo a derecho, otorgando igualdad de condiciones para cualquier empresa que quisiera competir en ese mercado. Sin embargo, el empresario que solicitó préstamos bancarios para importar cemento chino incurrió en acciones que hoy están siendo investigadas por la justicia. En la implementación de esta política pública para la reactivación económica y la generación de empleo participaron ministros, viceministros, comisiones técnicas de diferentes entidades y el sector empresarial. También legisladores de la Asamblea Legislativa, entre ellos el diputado Víctor Hugo Morales Zapata. Por mis deberes como Presidente, no participé ni conocí los detalles de dicha implementación, este era uno más de los muchos temas de mi agenda de trabajo. Me limité a dar lineamientos generales, para cumplir con el objetivo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo de crear las condiciones que permitieran la disminución en el precio del cemento. En ese proceso nunca solicité a Víctor Hugo Morales Zapata, ni a nadie, que realizara ninguna acción ilegal, nunca promoví los intereses específicos de ninguna empresa y nunca autoricé a nadie para que en mi nombre se facilitaran indebidamente favores de ningún tipo que pusieran en duda el marco de legalidad de nuestro país. Tampoco se me pidió que hiciera nada que pudiese transgredir la ley. Nadie involucrado en la implementación de esta política. Nadie, podía actuar fuera de estos principios. Pese a ello, pareciera evidente por las informaciones reveladas en las últimas semanas, que sin mi conocimiento y separándose del marco de legalidad ya señalado, algunas personas pudieron haber tomado decisiones contrarias a ese espíritu de respeto a la legalidad. Es allí donde las instituciones de la justicia deben continuar haciendo las investigaciones que procedan con el fin de aclarar lo ocurrido hasta sus últimas consecuencias. Así lo he dicho en muchas ocasiones. Cuando tomé la decisión de solicitar el voto de las y los costarricenses, para servirles y tener el más alto honor en mi vida, lo hice de frente a la ciudadanía, comprometido con la defensa de los más sagrados valores de la democracia costarricense. Ante la Comisión Legislativa ofrecí mi declaración y puedo afirmar con toda tranquilidad que para mí el juramento que hice es sagrado. Dije la verdad y la sostengo. Me satisface que este caso haya llegado a la justicia y confío en que ello la fortalezca y fortalezca la institucionalidad. He brindado mi entero apoyo a las investigaciones en curso, esenciales para esclarecer lo ocurrido. En democracia es en los tribunales de justicia y no en ningún otro lugar, en donde se castiga al culpable y queda libre el inocente. Mi espíritu está sereno porque no he ordenado, propiciado, cometido, ni inducido ningún acto contrario a la ley. La Presidencia de la República ha actuado respetando el deber de probidad y el Estado de derecho, con el único fin de beneficiar al mayor número de costarricenses. Ha actuado y continuará actuando con el fin de que resplandezca la verdad. Toda la verdad]]>
