En relación con información divulgada hoy por medios de prensa, el Ministerio de Hacienda se permite aclarar los siguientes aspectos:
- La información suministrada a ese medio por el primer vicepresidente en ejercicio de la Presidencia de la República, Helio Fallas Venegas, corresponde al proyecto de Ley del Presupuesto Nacional 2018, que está siendo estudiado por la Asamblea Legislativa. En ningún momento se refiere a los recursos asignados a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para el año 2017.
- El Presupuesto Nacional 2018 incluye el aporte para transferencias a la CCSS por ¢690.557,07 millones y otros ¢92.504,93 millones por la Ley de Protección al Trabajador. Esto suma un total de ¢783.062,00 millones (la cifra representa un 2,18% del PIB), de los cuales solo el IVM recibirá un total de ¢281.762,31 millones.
El hecho de que estos recursos se tienen presupuestados para el próximo año, demuestra el compromiso con la seguridad social, de acuerdo con la capacidad financiera del gobierno central.
- El 28 de julio de 2016, la Junta Directiva de la CCSS acordó reformar varios artículos al Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, para que el Estado -en su condición subsidiaria- cubriera el financiamiento de las pensiones mínimas que otorgue dicho seguro en aquellos casos donde la pensión resultante es menor al monto mínimo vigente; ello obliga al Estado a desembolsar ¢56.000 millones adicionales, para llevar su contribución del 0,58% al 1,24% del aporte estatal al IVM.
- Para el Ministerio de Hacienda esta decisión redundaría en un aumento en el endeudamiento del Estado. Como respuesta, emitió el oficio DM-1722-2016 del 29 de agosto de 2016, dirigido la Junta Directiva de la CCSS, explicando su posición y sugiriendo crear una comisión entre ambas instituciones, que permitiera definir la viabilidad técnica, financiera y/o fiscal, social y jurídica de dicha reforma. También recomendó que al momento de emitir sus conclusiones, la comisión considere los resultados del análisis de la Universidad de Costa Rica en relación con el estudio actuarial solicitado por la propia Junta Directiva de la CCSS.
- Para el Ministerio de Hacienda esta decisión, aunado a otras partidas aprobadas por la Asamblea Legislativa desde hace algunos años, redundarán en un aumento significativo de la deuda del gobierno que al cierre del 2017 rondaría el 50% del PIB.
- En ese contexto, el Ministerio de Hacienda, a pesar del gran esfuerzo que representa el financiamiento a la CCSS y de otros programas sociales, se ha visto en la necesidad de declararse en “estado de necesidad” o “imposibilidad material” para financiar con deuda la totalidad de las obligaciones constitucionales y legales.
