El Poder Ejecutivo presentó hoy a las jefaturas de las fracciones representadas en la Asamblea Legislativa, una propuesta, como base para la discusión que agrupa iniciativas de control del gasto público y de modernización de los tributos. El proyecto, conocido como Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, incorpora la modernización del Impuesto sobre la Renta, la creación del Impuesto al Valor Agregado, la nueva Regla Fiscal y varias iniciativas que ordenan aspectos relacionados con el empleo público.
Los representantes del Ejecutivo, encabezados por Helio Fallas, Vicepresidente de la República y Ministro de Hacienda, y el Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, entregaron a los legisladores el proyecto que esperan cuente con el apoyo de los diputados para que finalmente el país pueda fortalecer la hacienda pública.
“Procuramos consolidar en un solo texto las iniciativas que consideramos pueden tener el apoyo de los 38 diputados requeridos para su aprobación. Nuestro afán es que la negociación con las distintas fracciones permita que esta iniciativa se tramite mediante un 208 bis (vía rápida) y que de esta forma nos aseguremos el no bloqueo del proyecto” aseguró Sergio Alfaro, Ministro de la Presidencia.
¿Qué contiene el proyecto?
Impuesto sobre la Renta: Se plantea un esquema de transición a la renta global para las personas jurídicas, a través de este, las empresas deberán declarar la totalidad de sus ingresos, con independencia de la naturaleza de las rentas, y podrán deducir la totalidad de los gastos asociados a estas. Por otro lado, se busca reducir la dispersión tarifaria existente hoy en día, tratando de homogenizar al 15% el impuesto al capital y las remesas al exterior.
Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA): El IVA propone la ampliación de la base de contribuyentes, el aumento de la tasa imponible y el pasar de un criterio de deducción de créditos bastante limitado, a otro de deducción financiera plena. En este, quien cobra el impuesto deduciría el IVA que pagó a sus proveedores, que a su vez deducirían el que pagaron y así sucesivamente en toda la cadena productiva.
Esto promovería la mejora de la competitividad de los productos locales, al evitar que impuestos se carguen al costo de producción, y mejoraría el control cruzado del cobro de los impuestos, toda vez que quien vende debe asegurarse de poder demostrar lo que le pagó a sus proveedores.
“Los impuestos sobre la Renta y el de Ventas vigentes en nuestro país, datan de la década de los ochenta y responden a un contexto económico nacional muy diferente al actual. No gravan los sectores más dinámicos de la economía, ni algunas manifestaciones de riqueza evidentes. La iniciativa se ha elaborado tomando en consideración criterios de progresividad, por cuanto protege a diferentes sectores vulnerables de la población, como son las personas en condición de pobreza, las personas con discapacidad y el sector agrícola” aseguró el Vicepresidente Helio Fallas.
Responsabilidad fiscal: Esta regla fiscal se rige de varios principios, entre ellos: i) busca salvaguardar el crecimiento económico y la inversión pública, pues solo se regula el crecimiento del gasto de capital en el escenario más gravoso de deuda, de lo contrario podrá asignarse según las prioridades de Gobierno; ii) gradualidad en la implementación para evitar recortes abruptos en el gasto; iii) integralidad pues debe estar acompañada de la reforma tributaria; y iv) la credibilidad de la propuesta, pues se requiere de la disciplina fiscal de todos los actores que administran fondos públicos para que la regla fiscal sea exitosa. El proyecto de ley propone una regla fiscal que desacelera el crecimiento del gasto corriente, según la relación deuda del Gobierno central-PIB. Se utilizaría este parámetro por cuanto la deuda del Gobierno central, a través de los años, se ha originado principalmente por el crecimiento del gasto corriente por encima de los ingresos corrientes. Esta situación ha provocado que el Gobierno tenga que emitir deuda para cubrir la brecha. La regla fiscal está diseñada para que a medida que la deuda/PIB aumenta, la restricción de crecimiento del gasto corriente sea mayor. Por el contrario, a un nivel de deuda considerado como sostenible en el mediano y largo plazo, el gasto corriente podrá crecer al mismo ritmo de crecimiento del PIB.
Adición a la ley de los salarios públicos: Con la reforma a la ley de salarios públicos se busca orientar las remuneraciones de la función pública hacia un esquema de eficiencia y calidad en el gasto público. Para ello se establece: topes a los mayores salarios de la Administración Pública (expedientes 19883 y 19156); un sistema de remuneración de salarios único para jerarcas (expediente 19977); la regulación legal de los regímenes de prohibición y dedicación exclusiva (expediente 20349) y la conversión de la anualidad en un mecanismo de evaluación de la excelencia individual (19787), pero que tenga en cuenta el cumplimiento de las metas institucionales y del Plan Nacional de Desarrollo.
El Gobierno y los legisladores acordaron reunirse el próximo jueves 17 de agosto para ahondar en la propuesta.
Adicionalmente, para colaborar en el flujo de recursos que requiere el Gobierno, los representantes del Ejecutivo también solicitaron a los diputados la pronta aprobación del expediente 20439, el cual pretende unificar el impuesto que se cobra por la compra de bonos, ya sea que estos se adquieran por residentes en el país o residentes en el exterior.
Consulte el detalle de LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS 10 agosto
]]>
