El Consejo de Gobierno, reunido como asamblea de accionistas del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), decidió acelerar la transformación de esa entidad hacia un banco de fomento y desarrollo, mediante la ejecución de un plan que le permita a la entidad salir de forma ordenada y gradual de la intermediación financiera antes del 31 de diciembre del 2017.
De esta forma, Bancrédito continuará su labor como banco estatal y conservará sus operaciones relacionadas con fideicomisos, recaudación de impuestos, administración de las tiendas del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), tarjetas prepagadas y servicios tecnológicos y logísticos a otras instituciones públicas y privadas.
“El banco no cierra, continúa operando, sigue cobrando los créditos pendientes y sigue pagando a sus acreedores. La gente que debe dinero tiene que seguir pagando sus cuotas y las personas que han depositado su dinero en el Banco puede tener total tranquilidad de que Bancrédito le pagará lo adeudado en tiempo” aseveró contundentemente el Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro.
Las decisiones tomadas se justifican en el hecho de que mantener el área comercial del banco requeriría un enorme esfuerzo por parte del Gobierno en materia presupuestaria, a la vez que se reconoce el potencial y capacidad del banco para seguir funcionando como una institución de fomento y desarrollo. El Consejo de Gobierno ratificó su respaldo a la Junta Directiva del Bancrédito y solicitó a las instituciones del sector público seguir colaborando con esa institución bancaria.
“La Junta Directiva nombrada en abril del 2017 ha realizado todos los esfuerzos requeridos para corregir la situación de liquidez del banco; no obstante, las condiciones a las que el Banco se ha enfrentado en el mercado financiero conducen a la decisión de excluir la intermediación financiera del Banco Crédito Agrícola de Cartago” afirmó el Ministro de la Presidencia.
Según la Ley Orgánica del Banco Central se entiende por intermediación financiera la captación de recursos financieros del público, en forma habitual, con el fin de destinarlos, por cuenta y riesgo del intermediario, a cualquier forma de crédito o inversión en valores, independientemente de la figura contractual o jurídica que se utilice y del tipo de documento, registro electrónico u otro análogo en el que se formalicen las transacciones.
Una comisión especial, encabezada por el Presidente de la Junta Directiva del Bancrédito, será la encargada de formular y coordinar el plan de acción que requiere esta institución en el proceso de exclusión de la intermediación financiera. Esta comisión estará conformada por el Gerente del Banco Central de Costa Rica, el Comisionado del Consejo Presidencial Económico y el Gerente del Banco Crédito Agrícola de Cartago.
El plan de acción formulado por esta comisión debe ser enviado por la Junta Directiva del Banco Crédito Agrícola de Cartago a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) a más tardar el 16 de junio del 2017. La ejecución de este plan estará a cargo de la administración del Bancrédito.
Respecto a la situación de su planilla, el Banco ejecuta desde hace varios meses un plan de movilidad laboral que se sumará a las acciones que incorpore el plan de acción para el cese de la intermediación financiera, las cuales incluirán el acompañamiento a los colaboradores.
“Es importante dejar claro que no habrá un cese repentino de la planilla de Bancrédito, sino que se hará una movilidad paulatina y en la medida de lo necesario, con el acompañamiento y la colaboración en la posible recolocación de las personas” aclaró el Ministro de la Presidencia.
El Banco estará abierto durante el fin de semana en horario regular en caso de que los clientes quieran acercarse a aclarar dudas sobre el proceso o a realizar operaciones ordinarias.
Por último se le solicitó a la Junta Directiva de la institución, ordenar una investigación exhaustiva e independiente que determine las causas que llevaron a la entidad a la actual situación de fragilidad financiera. Los resultados de esta investigación deben ser presentados en el Consejo de Gobierno en el último trimestre del 2017.
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