El Gobierno de la República recibe con sumo interés el estudio de la Contraloría General de la República acerca de la percepción de la corrupción en el país.
Es importante destacar que el estudio se refiere a las percepciones de las personas encuestadas pero no a hechos concretos de corrupción. En ese sentido, es importante tomar en cuenta que la percepción de ciudadanía costarricense acerca de este tema es especialmente sensible debido a los reiterados escándalos de corrupción que afectaron al país en gobiernos pasados y que siguen frescos en la memoria de nuestra población.
También el estudio muestra que al preguntar específicamente por una serie de entidades públicas con mayor riesgo de corrupción, el “Gobierno o Presidencia de la República”, así como el “Poder Ejecutivo” reciben menos del 6% de las menciones o incluso por debajo del margen de error, muy inferior a las menciones de otras entidades, como la Asamblea Legislativa.
El Gobierno de la República ha mantenido una política activa de transparencia y combate a la corrupción que se ve reflejada, por ejemplo, en las intervenciones de Judesur e Infocoop, el despido de 115 policías sospechosos de actos de corrupción y otros delitos, así como con el decreto y proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública.
La Administración Solís Rivera sostiene una intensa lucha para erradicar la corrupción y los escándalos usuales en el pasado dejaron de impactar a la ciudadanía. En enero pasado, el Gobierno de la República recibió con complacencia los indicadores de mejoría en este tema emitidos por la organización internacional más reconocida en esta materia, Transparencia Internacional, según la cual en el 2016 Costa Rica obtuvo la mejor puntuación en los últimos cinco años y es el tercer país de América Latina con menor percepción de la corrupción, detrás de Chile y Uruguay
