La aprobación ayer en primer debate del proyecto de ley 19.951 permite a Costa Rica avanzar en el cumplimiento normativo de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La iniciativa introducirá medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo a sectores no financieros, conocidos como APNFDs (Actividades y Profesiones No Financieras Designadas) los cuales deben estar regulados, controlados y supervisados efectivamente para cumplir con los requerimientos mínimos de GAFI.
Entre las APNFDs están los casinos, agentes inmobiliarios, comerciantes de metales y piedras preciosas, abogados, notarios, contadores y otros profesionales independientes que son considerados especialmente vulnerables y pueden verse implicados en una operación de lavado de dinero por el tipo de actividad que realizan al transar bienes de alto valor, que podrían ser adquiridos con dinero en efectivo producto de actividades ilícitas.
La actual Ley de Psicotrópicos que actualmente regula y sanciona las actividades financieras y otros sectores con el fin de evitar la legitimación de capitales y las acciones que puedan servir para financiar actividades terroristas se ha vuelto desactualizada y no alcanza los elementos mínimos de cara a los estándares internacionales en la materia.
“La formulación de estrategias eficaces de lucha contra la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo, demanda la identificación y atención de aquellas actividades, sectores y operaciones que resultan vulnerables para legitimar capitales. Los estándares internacionales nos exigen emitir legislación y controles para prevenir estos delitos y a la vez potenciar las habilidades de las personas que desarrollan este tipo de actividades para que puedan aplicar medidas preventivas y puedan identificar estos delitos” afirmó Guillermo Araya, Director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
La iniciativa legislativa incluye la supervisión de los operadores de tarjetas de crédito que no formen parte de un grupo financiero y establece el marco sancionatorio, en aras de que las autoridades supervisoras cuenten con sanciones proporcionales y disuasivas. De igual forma, instaura la necesidad de publicar la lista de sanciones aplicadas con el fin de que el riesgo reputacional represente una herramienta disuasoria efectiva.
“En la próxima Plenaria de Representantes de GAFI, en junio del presente año, será revisada la situación de Costa Rica por lo que es fundamental que las reformas legislativas en marcha sean culminadas previo a dicho evento con el fin de recoger y preparar todos los argumentos posibles que eviten el ingreso de Costa Rica a la lista de países no-cooperantes en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo” aseguró el Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro.
GAFI es un ente intergubernamental establecido en 1989 por los Ministerios y sus jurisdicciones miembros del G8. Su mandato es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas, mediante la emisión de 40 recomendaciones internacionales. Cuenta con 36 países miembros y 8 grupos regionales como organismos asociados.
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