Acciones adoptadas, amparadas a la legalidad, buscan cumplir con plazos y garantizar descuento de $20 por contenedor.
Solicitud de autorización para la modificación al contrato, aprobada por consejo directivo de CONAVI, será remitida hoy mismo a la CGR.
$5.4 millones no son sobrecosto, sino obra adicional.
El Ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Villalta Villegas, reiteró que las decisiones y acciones realizadas por el MOPT/ CONAVI en el proceso de licitación y adjudicación de las obras del acceso definitivo a la TCM, están fundamentadas en el interés público y la necesidad país de cumplir con el compromiso contractual de suplir el acceso definitivo para que la megaterminal opere y asegurar el descuento de $20 dólares por contenedor, ofrecido por la concensionaria.
Agregó que el pasado lunes el Consejo de Administración de CONAVI, aprobó que el Director Ejecutivo proceda a enviar la solicitud de autorización para la modificación al contrato, misma que será remitida el día de hoy a la Contraloría General de la República (CGR), para su respectiva aprobación.
PROCESO TRANSPARENTE
El Ministro descartó de manera categórica que en el proceso licitatorio (cartel de licitación) se hubiesen consignado datos falsos o incorrectos y reiteró que para la licitación del acceso definitivo se utilizaron las coordenadas del área que disponía de permiso ambiental, aún y cuando la Unidad Ejecutora tenía conocimiento de que el punto de conexión final estaba fuera de la zona con licencia ambiental.
Indicó el Ministro que pese a esta circunstancia, se decidió proseguir con la licitación, adjudicar e iniciar las obras del acceso definitivo a la nueva terminal portuaria. De manera posterior, y después de analizar varias posibilidades de realizar la interconexión, se promovió un convenio entre CONAVI-CNC y APM, según el cual se emplearían para tal efecto terrenos concensionados que ya disponen de viabilidad ambiental. APM solicitó a la SETENA una modificación de la Viabilidad Ambiental con la que cuenta la TCM, incorporando el tramo faltante, según consta en la Resolución 491-2017-SETENA del pasado mes de febrero 2017.
Aclaró además que ante un problema heredado, la presente Administración no ha hecho otra cosa más que resolver, y tomar decisiones que no pueden calificarse como dolosas o malintencionadas.
“La decisión que se tomó en la presente Administración fue seguir adelante con el concurso para buscar una solución de obras de conexión de manera posterior; el esfuerzo que hemos estado haciendo es resolver el problema heredado y que debemos atender para cumplir con los plazos tan justos que tiene la Administración para entregar la carretera y garantizar el descuento de $20 por contenedor ofrecido por APM”, insistió el Ministro.
Respecto a la solicitud de llevar el tema al Ministerio Público para investigación manifestó: “no tengo objeción a que se investigue lo actuado, ya de hecho la CGR desarrolla un proceso en ese sentido. Lo que si señalé, en su momento, es que una investigación a lo interno distraería la atención de quienes estaban concentrados en esos momentos en materializar la solución… no hubo dolo, ni mala intensión en las acciones realizadas hasta el momento para resolver el problema”.
“Ahora que estamos presentando la solicitud de modificación a la CGR he solicitado en paralelo al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), colaboración para llevar a cabo una investigación del proyecto de construcción de la ruta nacional 257, para la interconexión de la ruta nacional 32 con la futura terminal de contenedores”, dijo.
COSTO FINAL
Aclaró que el área que se va a intervenir de más en el proyecto corresponde a un 25% del área total y la modificación que habría que hacerle al contrato es de 7.5 %, misma que depende de la autorización de la CGR. Por consiguiente el ajuste del contrato es de $5.4 millones que corresponde a obra adicional y no puede considerarse como un sobrecosto.
“Aun considerando el ajuste el monto final no supera los $78 millones autorizados por la Contraloría General de la República (CGR), para la contratación de estudios previos, diseño y construcción de la ruta definitiva”, reiteró el Ministro.
LICITACIÓN DE LA OBRA
Explicó el Ministro de Obras Públicas que tres empresas ofertaron para la construcción del acceso definitivo a la terminal la única que cumplió sustancialmente con lo estipulado en el cartel fue el Consorcio del Atlántico, conformado por las empresas Meco y Puentes y Calzadas. Las otras dos empresas que participaron fueron: Consorcio Estrella- Hernán Solís y C&C (Sánchez Carvajal- CHEC).
En todos los casos las propuestas u ofertas debían ceñirse al área con permiso ambiental. En el caso del Consorcio Estrella- Hernán Solís, el diseño ofertado no llegaba hasta el final del proyecto y se salía del derecho de vía para dar la solución de interconexión con la ruta cantonal que se requiere, mientras que el de la empresa C&C no cumplía con los anchos requeridos para aceras y ciclovía en ambos lados del viaducto, además incumplía en los anchos y en la pasarela peatonal solicitada en el cartel.
ASPECTOS GENERALES
La obra se compone de una carretera de 2.1 kilómetros, con una primera sección a nivel que luego se eleva a 6 metros de altura sobre la línea férrea y el río Moín, para entroncar la terminal de contenedores. Se construye un viaducto de 4 carriles, asfaltado y con señalización, que incluye aceras, ciclovía y pasos de protección de fauna.
Tipo de contratación: diseño y construcción, fast track a suma alzada.
Plazo de ejecución: 20 meses (18 meses de construcción).
Monto original: $ 71.85 millones.
