Técnica de Fertilización In Vitro se reactivó después de 16 años tras firma de decreto ejecutivo al ser avalado por la Corte IDH. Este mes se anunció un acuerdo entre las partes que evita un nuevo juicio.Se manejo de manera exitosa la atención humanitaria a migrantes cubanos.CCSS otorgó beneficio de pensión a parejas del mismo sexo en caso de muerte.Ministerio de Justicia logró reducir hacinamiento carcelario en 8%. La Administración Solís Rivera sella el año 2016 con una serie de acciones para fortalecer, tanto la vocación nacional como el compromiso del Gobierno, con la defensa de los Derechos Humanos.
El primero de marzo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia que ordenaba la inmediata entrada en vigencia del decreto ejecutivo 39210-MP-S, firmado por el Presidente Luis Guillermo Solís Rivera, en setiembre del 2015, el cual tenía como fin reactivar la técnica de Fertilización In Vitro, prohibida en el país desde hace 16 años.
Ese día devolvió esperanza a cientos de parejas con problemas de fertilidad que no pueden tener hijos de forma natural y debían pagar altas sumas en el exterior para someterse al procedimiento o resignarse ante la negativa de permitir el avance de una ley que regulara la FIV. Con esta sentencia, se revirtió la anulación que se había producido el 3 de febrero del 2016, cuando la Sala Constitucional derogó dicho decreto. “Hoy primero de marzo marca una nueva celebración de los derechos humanos para el pueblo de Costa Rica”, resaltó aquel día el Presidente Solís Rivera.
La Corte IDH avaló, el 8 de diciembre de este año, un acuerdo entre el Estado Costarricense y las parejas perjudicadas, con el cual se resuelve este extenso litigio, evita un nuevo juicio al tiempo que reconoce y corrige las violaciones de derechos humanos que ocasionaron la condena en el caso Artavia Murillo vs Costa Rica del año 2012.
ATENCIÓN HUMANITARIA Y DIGNIDAD Mientras las familias celebraban la acertada decisión del máximo ente internacional en materia de derechos humanos, las autoridades gubernamentales seguían con el operativo de atención y respeto de los derechos humanos de la población migrante cubana, que a finales del 2015, quedaron varados -tras la desarticulación por parte de la policía costarricense de bandas internacionales de tráfico de personas- pero que no pudieron continuar su ruta hacia Estados Unidos ante la negativa de Nicaragua de permitirles pasar por su frontera.
Tan solo 10 días después de la orden para reactivar la FIV, se concluyó con éxito la operación de atención humanitaria que permitió a 5.500 migrantes cubanos continuar con su camino para alcanzar el sueño americano, tras las gestiones diplomáticas encabezadas por el Presidente de la República Luis Guillermo Solís Rivera y el Canciller Manuel González.
Casi de inmediato, otro flujo con personas migrante, en condición irregular, tanto haitianos como extracontinentales arribó a Costa Rica y aunque el Gobierno no les prometió un traslado como a los isleños, sí les ha garantizada la protección de sus derechos humanos y dignidad; a la primera quincena de diciembre un total de 11 personas han retornado a Haití.
PROTECCIÓN DE DERECHOS Las parejas del mismo sexo continuaron consolidando sus derechos cuando la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) modificó su reglamento del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte para otorgar la pensión a las parejas en caso de muerte de alguno, beneficio que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social posteriormente extendió para el caso de las herencias.
También a principio de año, el país dio otra muestra de compromiso. con un sector de la población que merece todo el respeto por parte de cada ciudadano de este país, con la aprobación legislativa de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores
Durante los últimos meses se avanzó significativamente en el proceso para alcanzar una de las metas de la presente Administración, disminuir en al menos un 20% el hacinamiento en los centros penitenciarios para el 2018, el máximo aceptable según pautas internacionales y recomendaciones de agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La medida adoptada por el Ministerio de Justicia -de trasladar a privados de libertad a un sistema semi-institucional- tuvo como único objetivo reducir esa cifra, la directriz logró bajar la sobrepoblación en 8% (actualmente el hacinamiento es del 44% y antes de aplicar la directriz era del 52%). Para el 2017 están en camino tres megaproyectos para habilitar 25 módulos para 1.600 privados de libertad con una inversión de $66,1 millones.
https://www.facebook.com/CasaPresidencial/videos/1522947861065035/
Los avances en la construcción, de la Unidad de Atención Integral en San Rafael de Alajuela dentro del Complejo La Reforma, son notables y se ajustan al cronograma dentro. Esa construcción albergará 704 personas privadas de libertad con opciones de trabajo y estudio. La inversión por esas obras de 10.000 metros cuadrados será de $22,8 millones, financiados con el Banco Interamericano de Desarrollo. Otras dos unidades están en proceso, la primera en Pérez Zeledón, con un costo de $17,8 millones; el contrato ya está firmado y muy pronto comenzarán las obras para albergar a 256 personas y el segundo, en Pococí, que permitirá albergar a 640 personas en un complejo cuya inversión ronda los $25,5 millones.
https://youtu.be/cLyJymPpK2I]]>
