Señora Presidenta,
Traigo de mi país, un fraterno saludo del Señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís; quien celebra con entusiasmo los esfuerzos conjuntos por promover los derechos humanos de cara a la justicia, a la solidaridad y al desarrollo de los pueblos. Y es para mí un orgullo encabezar a la delegación costarricense en la 53º sesión de esta Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas.
En la actualidad, uno de los mayores retos –y quizá el más importante- en el mundo globalizado que tienen los Estados, es el de proveer las oportunidades y capacidades necesarias a las personas para que puedan tener una mejor calidad de vida. Esto sin duda, supone el cumplimiento efectivo de sus derechos, de modo que puedan aspirar realmente a vivir en una sociedad cada vez más justa, inclusiva e igualitaria. Para ello, quizá lo primero es lograr que el desarrollo humano no se confunda con el crecimiento económico y con la generación exclusiva de riqueza económica. El reto está en producirla sí y apostar con ello, a los mercados globales; pero siempre con el necesario equilibrio para lograr su distribución justa y equitativa a toda la sociedad. Así, lejos de ser un obstáculo para la equidad, hablamos de la riqueza como verdadero instrumento para el desarrollo de los pueblos.
Persistir en la idea de que el mercado puede por sí mismo solucionar todo es un error que la historia misma se ha encargado de enseñarnos una y otra vez. Pero insistir también, en que la solución será la intervención estatal y la regulación paternalista, es otro de los errores sostenidos en el tiempo. Porque las desigualdades y la pobreza siguen ahogando a millones de personas, persisten sin dar tregua y para superarlas debemos pensar diferente.
Nos corresponde un cambio estructural, un nuevo paradigma que privilegie el desarrollo social, el crecimiento de la gente, de su Calidad de vida, de sus derechos fundamentales. En suma, que rescate su Dignidad Humana como centro de todas las acciones y las políticas públicas de quienes tomamos las decisiones en los Gobiernos.
En América Latina, por ejemplo, enfrentamos abrumadoras injusticias sociales y situaciones de desigualdad, asociadas con enormes márgenes pobreza y de pobreza extrema, que si bien golpean a diversas regiones del mundo, una de las más afectadas es la nuestra. Precisamente por ello es que la CEPAL en los últimos años, se ha planteado el trabajar en un “cambio estructural para la igualdad” y ha venido planteando que debemos “igualar para crecer y crecer para igualar”.
Con esto, ha puesto en evidencia que nuestra región está en una encrucijada, pues la expansión y los avances están encontrando sus límites; y por eso los grandes desafíos, según la CEPAL, son los de lograr mayores márgenes de igualdad humana en: respeto y cumplimiento de los derechos humanos; mayor sostenibilidad económica, para atender los rezagos en los patrones productivos; y mayor sostenibilidad ambiental, para enfrentar los retos globales del cambio climático respecto de las dinámicas de consumo y la concentración urbana.
En la actualidad, la reducción de la pobreza y de la desigualdad han dejado de ceder como lo venían haciendo y los esfuerzos, entonces, deben ser distintos porque necesitamos influir de manera contundente en los números sociales, frente a sociedades cada vez más informadas que exigen que se les escuche – y con justa razón- en materia de seguridad, servicios públicos de calidad, transporte, salud y educación. Estas peticiones son válidas; y ello también significa que las POLITICAS PUBLICAS y los esfuerzos fiscales deben ir dirigidos a ampliar los márgenes de la igualdad.
Es decir, estamos en un momento histórico para redirigir los esfuerzos de los Estados y por eso, en Costa Rica, pretendemos retomar lo que el mundo llama Estado de Bienestar y que en nuestro país está definido en la Constitución Política (1949) como Estado Social de Derecho, donde se consagra un modelo de país integral, solidario y de bienestar. Lo que pretendemos es un esquema que ya existe, es volver a un paradigma de justicia social, que no riñe ni vulnera la creación de la riqueza, del capital privado o la inversión externa. Pretendemos institucionalizar la Solidaridad y volver al paradigma social, para rescatar esa igualdad que se ha venido desdibujando a lo largo de tantos años.
Un ejemplo de esa visión distinta, es que al asumir el Gobierno de la República nos hemos preocupado por construir políticas públicas con un enfoque transversal de derechos humanos y en eso estamos. Trabajamos, por ejemplo, con la firme pretensión de que se reconozca a cada persona como sujeta de derechos sin importar su sexo, edad, etnia, lugar de nacimiento, religión, orientación sexual, identidad de género o cualquier otro factor de la amplísima diversidad humana.
Porque esto es desarrollo social, no excluir sino incluir; no desatender obligaciones sino propiciar la escucha a las personas y actuar según sus voces para atenderlas. Y tal cosa, también nos habla de una sociedad democrática, con canales fluidos de expresión, con pluralidad y con miras a atender las inquietudes de la población. De esto se tratan los derechos humanos y su aplicación plena en una democracia fuerte y robusta como la nuestra.
Costa Rica es un país donde más del 20% de la población vive en condiciones de pobreza y cerca del 7% vive en pobreza extrema. Esto debido a la débil articulación en la política social, ya que contamos con recursos equivalentes al 2% de nuestro PIB para esta asistencia. Por ello, esas cifras son inaceptables y hemos fijado todos nuestros esfuerzos en trabajar para revertirlas.
Nos hemos propuesto abordar la pobreza desde una visión multidimensional, que comprende sus distintas causas estructurales. Además, implementamos los Mapas Sociales, herramienta que nos permite identificar geográficamente las mayores concentraciones de pobreza y pobreza extrema, lo que dentro de unos días nos permitirá iniciar una cruzada en esas zonas para llevar los programas de inclusión a donde realmente son necesarios.
Sin embargo, no perdemos de vista que la asistencia social por sí sola no es la solución final a la problemática de la pobreza. La educación y la generación de capacidades para que nuestra población pueda conseguir empleos de calidad, sigue siendo el único camino. Como bien ha dicho Amartya Sen, se debe invertir en la gente, apostar por la libertad como asidero único y fundamental de la democracia y se debe brindar oportunidades reales a las personas. Ese es el mandato imperativo de los estados, proveer oportunidades robustas, plenas y sostenidas en el tiempo para la calidad de vida de la gente y con eso el desarrollo social se verá fortalecido.
Pero esa apuesta por el desarrollo social, tiene sus flancos y matices. Debemos comprender que nos corresponde librar un combate frontal contra el embarazo en adolescentes, porque son jóvenes a quienes les corresponde estudiar y no seguir engrosando anillos de pobreza porque al tener sus bebés, suelen quedar solas, sin apoyo de su pareja o familiares y fuera del sistema educativo, sea porque este las rechaza al no darles las facilidades de estudio necesarias o porque ellas deciden abandonarlo.
Ciertamente, es necesario replantearnos el desarrollo social, nos urge romper los esquemas tradicionales de la asistencia social, para entender que una autentica inclusión con justicia y equidad, es aquella que respeta los derechos humanos, reconoce la pluralidad en una sociedad democrática y permite la generación de capacidades para aprovechar las oportunidades de empleo y emprendimiento de todas las personas.
Finalizo, recordando un valioso fragmento que todos los Gobiernos deberíamos estampar como motor para cada una de nuestras acciones y políticas públicas: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (…)” Este es el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y no es un texto nuevo –pero a ratos sí un poco olvidado o ignorado- es un documento que hace más de 60 años marcó la conciencia de los pueblos para abrir definitivamente el camino hacia la Dignidad Humana, esa que nos pertenece a todas y todos, esa que no se aliena, esa que debe estar siempre como marca indeleble en el devenir de nuestros pueblos y en las acciones de todos los Estados.
Ana Helena Chacón Echeverría Segunda Vicepresidenta de la República
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