Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, destaca que fallo confirma que se actuó en forma responsable y apegado al deber de probidad. En forma unánime, la Sala III de la Corte Suprema de Justicia acogió la solicitud del Ministerio Público para archivar la denuncia interpuesta por el señor diputado Gerardo Vargas Rojas contra el señor Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera; el señor Ministro de Hacienda, Helio Fallas Venegas y la señora Ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Olga Marta Sánchez Oviedo. Lo anterior, por la emisión de los Decretos Ejecutivos que llevaron a la intervención de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR).
El Gobierno de la República, desde el mes de octubre de 2014, mantiene intervenido JUDESUR, a raíz del hallazgo de una serie de debilidades relacionadas con la ejecución deficiente e irregular de los recursos que le habían sido presupuestados, la falta de controles en la gestión de becas y proyectos y, un notable deterioro de las instalaciones del Depósito Libre de Golfito, entre otros temas; que significaban un incumplimiento del fin público confiado a ese ente. La Junta Interventora ha revertido las irregularidades presentadas, y ha sentado las bases necesarias para que en el futuro JUDESUR opere en la eficiencia y probidad administrativas.
Con la causa abierta, el diputado Vargas Rojas pretendió que se juzgara por el delito de prevaricato al Presidente y los Ministros indicados, argumentando que las acciones realizadas para resguardar el fin público que debe cumplir JUDESUR eran contrarias al bloque de legalidad vigente.
Contrario a lo pretendido, la Sala Tercera en su resolución N.° 2016-00506 resolvió:
“…considera esta Cámara que las actuaciones de los acusados responden a un eficaz ejercicio del deber de probidad que rige la función pública al pretender, mediante la creación de la Junta Interventora de JUDESUR, un mejor funcionamiento de dicha entidad…”.
Sobre el tema, el Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro Salas, dijo: “El Gobierno de la República celebra la decisión tomada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, la cual, además de resaltar que se actuó en forma responsable y apegada al deber de probidad, respalda la legalidad de las acciones desplegadas desde el Poder Ejecutivo, con el fin de proteger los cuantiosos recursos de JUDESUR, que deben estar destinados al desarrollo de la Zona Sur”.]]>
